Dos anteproyectos de ley abren una oportunidad histórica para modernizar el control del dinero público mediante inteligencia artificial, transparencia y fiscalización en tiempo real.
El Paraguay que queremos | Editorial | 9 de noviembre de 2026
1. Una iniciativa que merece atención nacional
La Contraloría General de la República, encabezada por Camilo Benítez, presentó este lunes 9 de noviembre dos anteproyectos de ley al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.
El primero busca fortalecer la prevención de conflictos de intereses en la función pública, mediante la derogación de la Ley N.º 7236/2024 y el restablecimiento del texto original de la Ley N.º 7089/2023.
El segundo propone una nueva Ley Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República, adaptada a las exigencias de un Estado moderno.
Ambas iniciativas merecen un análisis profundo porque representan una oportunidad para cambiar la manera en que Paraguay protege sus recursos públicos.
Nuestro país no puede seguir dependiendo exclusivamente de auditorías que descubren irregularidades cuando el dinero ya fue gastado, transferido o comprometido.
Necesitamos controles que permitan detectar riesgos antes de que se conviertan en pérdidas.
2. El cambio fundamental: controlar en tiempo real
Uno de los aspectos más importantes de la reforma es la posibilidad de que la Contraloría acceda digitalmente y de manera permanente a los registros del Estado.
Esto permitiría avanzar desde un modelo de fiscalización basado principalmente en documentos solicitados posteriormente hacia un sistema de supervisión continua.
Imaginemos una Contraloría conectada digitalmente con los sistemas de:
- Ministerio de Economía y Finanzas.
- Banco Central del Paraguay, dentro de los límites legales aplicables.
- Instituciones públicas y empresas estatales.
- Municipalidades y gobernaciones.
- Entidades responsables de administrar recursos públicos.
Cada transferencia, contratación, pago o movimiento financiero relevante podría generar información verificable para los organismos de control.
La transparencia no debe comenzar cuando aparece una denuncia. Debe existir desde el momento en que se administra el primer guaraní.
3. Inteligencia artificial para prevenir irregularidades
El proyecto contempla expresamente la utilización de inteligencia artificial y análisis de datos para identificar anomalías, con supervisión humana, trazabilidad y derecho de explicación.
Esta propuesta coincide con uno de los pilares fundamentales de nuestro proyecto MOJO – Visión País 2026–2033.
La inteligencia artificial podría utilizarse para identificar:
- Pagos duplicados o inconsistentes.
- Contrataciones con precios significativamente superiores a referencias comparables.
- Concentraciones inusuales de recursos financieros.
- Operaciones con posibles conflictos de intereses.
- Desviaciones presupuestarias y movimientos financieros que requieran verificación.
- Patrones de riesgo en municipios, gobernaciones y entidades públicas.
Una alerta informática no constituye prueba de corrupción. Su función es permitir que los auditores humanos examinen oportunamente operaciones sospechosas.
La tecnología debe ayudar a prevenir, documentar y esclarecer, respetando siempre el debido proceso.
4. La crisis bancaria demuestra por qué necesitamos prevención
La reciente crisis de Ueno Bank ha puesto en el centro del debate nacional la administración de fondos públicos y previsionales.
Surgen preguntas que merecen respuestas documentadas:
¿Por qué determinadas instituciones concentraron importantes recursos en una misma entidad financiera?
¿Qué evaluaciones de riesgo realizaron sus administradores?
¿Quiénes autorizaron las colocaciones y las renovaciones de certificados de depósito de ahorro?
¿Qué información estaba disponible para los organismos de supervisión y control?
Estas preguntas no deben resolverse mediante rumores ni acusaciones anticipadas, sino mediante documentos, registros, auditorías y determinación individual de responsabilidades.
La experiencia demuestra la necesidad de contar con alertas tempranas sobre concentración financiera y exposición de los recursos públicos.
5. Nuestra propuesta: un tablero nacional del dinero público
Desde El Paraguay que queremos proponemos complementar la reforma de la Contraloría con un sistema nacional de trazabilidad financiera.
Cada institución pública debería registrar digitalmente sus depósitos, inversiones, renovaciones de CDA y movimientos relevantes.
Conforme a las competencias legales de cada organismo, el Banco Central, el Ministerio de Economía y la Contraloría podrían intercambiar información mediante mecanismos seguros y auditables.
Proponemos desarrollar un tablero que permita identificar:
Primero: cuánto dinero público mantiene cada institución en el sistema financiero.
Segundo: cuánto dinero del Estado se concentra en cada banco.
Tercero: qué porcentaje representa cada colocación respecto de los límites legales y de las políticas de riesgo aplicables.
Cuarto: qué funcionarios aprobaron las operaciones y cuáles fueron sus fundamentos técnicos.
Quinto: qué alertas se generaron, quiénes las recibieron y qué decisiones se adoptaron.
La información pública deberá presentarse respetando los límites legales, la confidencialidad protegida y la seguridad del sistema financiero.
El objetivo es sencillo: que ninguna administración pública tome decisiones financieras importantes sin conocer previamente los riesgos acumulados.
6. Conflictos de intereses y puertas giratorias
El otro anteproyecto también aborda un problema fundamental: las relaciones entre funcionarios reguladores y entidades sometidas a su supervisión.
La propuesta establece restricciones de dos años para determinados directivos y funcionarios del Banco Central y de las superintendencias, respecto de cargos en entidades que estuvieron bajo su supervisión.
Es una medida relevante para proteger la independencia institucional.
Sin embargo, también resulta indispensable fortalecer la transparencia de las declaraciones juradas, las relaciones económicas y los posibles conflictos de intereses de quienes administran recursos del Estado.
El ejercicio de la función pública exige independencia, responsabilidad y rendición de cuentas.
7. El Congreso tiene una responsabilidad histórica
La presentación de estos anteproyectos constituye un primer paso. Todavía deben atravesar el procedimiento legislativo correspondiente.
Por eso solicitamos que el Congreso Nacional impulse un debate técnico, público y transparente.
La nueva legislación debería garantizar recursos tecnológicos suficientes, independencia institucional, seguridad informática, protección de datos y responsabilidades claramente definidas.
También debería establecer indicadores verificables para evaluar si los nuevos instrumentos realmente mejoran la fiscalización.
No basta con aprobar una ley moderna si después no se implementa.
8. El Paraguay que queremos: prevenir antes que lamentar
Durante décadas, el Estado paraguayo ha destinado enormes esfuerzos a investigar hechos consumados.
La tecnología permite aspirar a un modelo diferente.
Una Contraloría moderna debe tener capacidad para observar, analizar, advertir y actuar oportunamente dentro de sus atribuciones constitucionales.
Nuestro proyecto MOJO propone precisamente ese camino:
INTELIGENCIA ARTIFICIAL + TRANSPARENCIA + DESARROLLO.
Cada guaraní administrado por el Estado debe dejar una huella digital verificable.
Cada autoridad debe responder por sus decisiones.
Cada ciudadano debe poder acceder a información pública clara y comprensible.
EL SOFTWARE YA ESTÁ. HAY QUE PONERLE CEREBRO.
Paraguay tiene la oportunidad de construir un sistema de control público que no se limite a descubrir lo que ocurrió ayer, sino que ayude a proteger los recursos de mañana.
Porque el dinero público no pertenece a los gobernantes ni a los administradores.
PERTENECE AL PUEBLO PARAGUAYO.
Dr. Gerardo Meza C.
Productor – Constructor de la Comunidad El Paraguay que queremos
Fuente informativa: Contraloría General de la República y La Nación, publicaciones del 9 de noviembre de 2026. Las propuestas de integración digital y tablero financiero constituyen recomendaciones editoriales de El Paraguay que queremos.