su principal riqueza estratégica con criterios de sostenibilidad financiera, eficiencia económica y desarrollo nacional?
Nuestro país dispone de una ventaja competitiva que pocas naciones poseen: abundante energía hidroeléctrica renovable, una posición geográfica estratégica y posibilidades de atraer inversiones industriales de gran magnitud.
Pero disponer de energía no significa necesariamente generar riqueza.
La verdadera riqueza aparece cuando esa energía se transforma en producción, valor agregado, empleos, exportaciones y bienestar para la población.
Desde nuestra propuesta MOJO Visión País 2026–2033, consideramos que el debate debe superar las acusaciones políticas y concentrarse en los resultados económicos verificables.
La ANDE, Itaipú y Yacyretá deben formar parte de una política energética nacional integrada, con objetivos medibles, transparencia financiera y planificación de largo plazo.
I. ITAIPÚ: EL COSTO DE LA ENERGÍA DESPUÉS DE CANCELARSE LA DEUDA
Uno de los acontecimientos económicos más relevantes de 2023 fue la cancelación de la deuda de construcción de Itaipú.
Este hecho modificó sustancialmente la estructura financiera de la entidad binacional.
Durante décadas, una parte importante del costo del servicio eléctrico estuvo vinculada al pago de la deuda.
Una vez cancelada, surgió una oportunidad histórica para revisar el costo de la energía y redefinir la distribución de sus beneficios económicos.
Sin embargo, el acuerdo alcanzado entre Paraguay y Brasil en 2024 estableció una tarifa de USD 19,28 por kilovatio-mes para el período 2024–2026.
La tarifa anterior era de USD 16,71 por kilovatio-mes.
Esto representó un incremento del 15,4 %.
La negociación fue presentada por el Gobierno como un logro que permitiría obtener mayores recursos para inversiones sociales e infraestructura.
Desde otra perspectiva, diversos especialistas sostienen que, una vez cancelada la deuda, correspondía una reducción sustancial de la tarifa.
El ingeniero Leopoldo Melo estimó un costo de USD 8,87 por kilovatio-mes.
Debemos aclarar que esta última cifra constituye una estimación técnica que requiere contrastarse con la metodología de cálculo prevista en el Tratado y su Anexo C.
¿Cuál es la diferencia económica?
Consideremos una contratación hipotética de 1.000 MW durante doce meses.
Con una tarifa de USD 8,87/kW-mes, el costo anual sería de USD 106,44 millones.
Con una tarifa de USD 19,28/kW-mes, ascendería a USD 231,36 millones.
La diferencia sería de USD 124,92 millones anuales.
Este cálculo ilustra la sensibilidad financiera de la tarifa, pero no constituye una cuantificación del perjuicio efectivo de la ANDE, porque no incorpora compensaciones ni demuestra que USD 8,87 fuera la tarifa jurídicamente exigible.
La conclusión económica es clara:
Una diferencia relativamente pequeña en la tarifa por unidad de potencia puede representar decenas o cientos de millones de dólares cuando se aplica a grandes volúmenes de contratación.
Por ello, las negociaciones energéticas deben fundamentarse en estudios técnicos, financieros y económicos rigurosos.
II. LOS USD 241 MILLONES: UNA INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA EL DEBATE
Existe un dato que permite profundizar el análisis.
Según una publicación de ABC Color del 9 de mayo de 2026, el entonces presidente de la ANDE, Félix Sosa, informó que Itaipú había destinado recursos para compensar el incremento tarifario.
Los montos correspondientes a cada ejercicio fueron:
| Ejercicio | Compensación informada |
|---|---|
| 2024 | USD 73 millones |
| 2025 | USD 80 millones |
| 2026 | USD 88 millones |
| Total | USD 241 millones |
Esta información introduce una distinción económica fundamental.
No es lo mismo afirmar que la ANDE soportó un mayor costo bruto que demostrar que sufrió una pérdida financiera neta equivalente.
Si el incremento fue compensado efectivamente, el impacto directo sobre sus resultados debe calcularse descontando esos recursos.
Sin embargo, aparece otro problema.
Si los USD 241 millones se destinaron exclusivamente a neutralizar el incremento de la tarifa, no constituyen necesariamente inversiones adicionales en infraestructura eléctrica.
En otras palabras:
Compensar un mayor costo de compra de energía no equivale a financiar nuevas líneas de transmisión, subestaciones o redes de distribución.
Esta distinción debe ocupar un lugar central en el debate público.
La ciudadanía necesita conocer cuánto recibió efectivamente la ANDE, cuándo recibió esos recursos, cómo fueron contabilizados y cuánto se destinó a nuevas inversiones.
La información publicada permite identificar compensaciones anunciadas o informadas, pero una conciliación contable completa requiere documentación financiera oficial.
III. LOS FONDOS SOCIOAMBIENTALES: ¿INVERSIÓN ESTRATÉGICA O GASTO SIN TRAZABILIDAD SUFICIENTE?
El acuerdo energético de 2024 fue presentado como un mecanismo para generar importantes recursos destinados a programas sociales y obras públicas.
Las autoridades anunciaron aproximadamente USD 650 millones anuales para inversión social dentro del conjunto de beneficios económicos asociados al entendimiento.
La existencia de recursos para salud, educación e infraestructura puede representar un beneficio significativo para el Paraguay.
Pero debemos formular una pregunta esencial:
¿Cómo se mide el rendimiento económico y social de esos fondos?
No basta con anunciar inversiones.
Es indispensable demostrar:
- Cuánto dinero estuvo efectivamente disponible.
- Qué instituciones administraron esos recursos.
- Qué proyectos fueron financiados.
- Cuáles fueron los procedimientos de contratación.
- Cuánto se pagó por cada obra o servicio.
- Qué resultados físicos y sociales se alcanzaron.
- Qué proyectos permanecen pendientes o inconclusos.
Las denuncias de irregularidades deben investigarse con independencia y debido proceso.
No corresponde presumir que todo gasto social es improductivo, pero tampoco aceptar que la sola existencia de una finalidad social justifica cualquier mecanismo de ejecución.
La propuesta MOJO: cada dólar debe dejar huella
Nuestra Visión País propone implementar herramientas de inteligencia artificial para fortalecer la trazabilidad de los recursos públicos y binacionales.
Cada proyecto debería contar con un registro digital que permita conocer su presupuesto, contratos, pagos, avances y resultados.
Un tablero ciudadano podría identificar desviaciones presupuestarias, retrasos, pagos incompatibles con el avance físico y posibles anomalías en las contrataciones.
La inteligencia artificial no reemplaza a los organismos de control ni a las auditorías profesionales.
Pero puede aumentar significativamente su capacidad de prevención y detección de riesgos.
La transparencia no debe comenzar cuando aparece una denuncia. Debe estar incorporada desde el primer desembolso.
IV. LA ANDE: EL EQUILIBRIO FINANCIERO ES UNA CONDICIÓN PARA LA SEGURIDAD ENERGÉTICA
La Administración Nacional de Electricidad cumple una función estratégica.
No solamente compra y distribuye electricidad.
También debe sostener la infraestructura que permite el funcionamiento de hogares, hospitales, escuelas, industrias, comercios y servicios públicos.
Su situación financiera debe analizarse mediante una visión integral.
1. Costo de adquisición de energía
La empresa necesita adquirir electricidad en condiciones compatibles con sus ingresos y obligaciones.
Un aumento del costo de compra puede presionar su flujo de caja, especialmente si no existe una compensación suficiente y oportuna.
2. Estructura tarifaria
Las tarifas de venta deben evaluarse considerando los costos eficientes del servicio, la sostenibilidad financiera y los objetivos sociales de acceso a la electricidad.
Los subsidios, cuando correspondan, deben estar identificados y financiados transparentemente.
3. Pérdidas técnicas y comerciales
Las pérdidas de energía representan un problema económico.
La modernización de redes, la medición inteligente y los sistemas de detección de irregularidades pueden contribuir a reducirlas.
4. Necesidades de inversión
El crecimiento de la demanda exige ampliar y modernizar permanentemente el sistema eléctrico.
Una empresa puede registrar ingresos importantes y, aun así, enfrentar restricciones financieras si sus necesidades de inversión superan los recursos disponibles.
5. Gestión institucional
La eficiencia administrativa, la planificación de compras, la ejecución presupuestaria y la calidad de las inversiones también influyen en los resultados.
Por tanto, sería incompleto atribuir todos los problemas de la ANDE exclusivamente a las tarifas de Itaipú y Yacyretá.
El diagnóstico debe comprender la totalidad de sus ingresos, costos, activos, pasivos, inversiones y obligaciones futuras.
V. YACYRETÁ: OTRO COMPONENTE DEL COSTO ENERGÉTICO NACIONAL
El editorial de ABC Color también cuestiona el incremento de la tarifa de Yacyretá.
Según los datos citados, el precio pasó de USD 22,63 a USD 28 por megavatio-hora.
Esto representa un aumento aproximado del 23,7 %.
La variación es relevante porque incide en los costos de adquisición de energía de la ANDE.
Sin embargo, el análisis requiere conocer las condiciones contractuales, la energía efectivamente suministrada y la justificación financiera de la nueva tarifa.
La administración de Yacyretá también debe estar sometida a criterios de eficiencia.
Los costos operativos deben ser verificables y compatibles con las necesidades técnicas de la entidad.
La gestión de una hidroeléctrica binacional no puede evaluarse únicamente por sus ingresos o egresos.
Debe considerarse su capacidad de producir energía confiable, mantener sus instalaciones y generar beneficios económicos sostenibles para ambos países.
Itaipú y Yacyretá deben ser pilares de competitividad nacional, no fuentes permanentes de incertidumbre financiera para la ANDE.
VI. LA SOBERANÍA ENERGÉTICA: DEL DERECHO AL 50 % AL APROVECHAMIENTO PRODUCTIVO
Paraguay tiene derecho al 50 % de la energía generada por Itaipú.
Este derecho representa una de las principales fortalezas estratégicas del país.
Pero debemos distinguir entre tres dimensiones.
Primera: soberanía jurídica.
El derecho que corresponde al Paraguay conforme al Tratado.
Segunda: soberanía operativa.
La capacidad física de retirar, transportar y distribuir la energía.
Tercera: soberanía económica.
La capacidad de transformar esa energía en producción nacional, empleo, inversión y exportaciones.
La tercera dimensión es la que debe orientar nuestra política de desarrollo.
Durante décadas, Paraguay ha cedido energía que no utilizaba internamente.
El desafío histórico consiste en aumentar progresivamente su aprovechamiento nacional, sin comprometer la confiabilidad del sistema.
La infraestructura de 500 kV
Las inversiones en transmisión y transformación son fundamentales.
Los retrasos señalados en proyectos como la línea Yguazú–Valenzuela deben analizarse por sus consecuencias sobre la capacidad futura de abastecimiento.
No podemos atraer grandes inversiones industriales si no garantizamos previamente la infraestructura necesaria.
Una industria no decide instalarse solamente porque exista energía abundante.
También exige continuidad del servicio, capacidad disponible, condiciones contractuales claras y previsibilidad de costos.
La soberanía energética debe medirse por resultados productivos, no únicamente por declaraciones políticas.
VII. PARAGUAY INDUSTRIAL 2026–2033: EL VERDADERO DESTINO DE NUESTRA ENERGÍA
Nuestro país tiene una oportunidad histórica para avanzar hacia una economía con mayor valor agregado.
La energía hidroeléctrica puede convertirse en un factor decisivo para atraer industrias manufactureras, emprendimientos tecnológicos, centros de procesamiento de datos y nuevas cadenas productivas.
Pero el objetivo no debe ser simplemente consumir más electricidad.
Debe ser generar mayor riqueza por cada unidad de energía utilizada.
¿Qué debemos medir?
Para cada proyecto industrial electrointensivo proponemos calcular:
Beneficio económico nacional = ingresos netos de suministro eléctrico + valor agregado local + beneficios fiscales y productivos − costos adicionales de infraestructura y otros costos económicos atribuibles.
Este indicador debe complementarse con mediciones de empleo, transferencia tecnológica, impacto ambiental y seguridad del suministro.
El resultado permitirá comparar proyectos con criterios objetivos.
Una inversión que demanda grandes cantidades de electricidad puede ser conveniente si genera suficiente valor económico y social.
Pero también puede resultar poco atractiva si requiere infraestructura costosa, ofrece escasos empleos y genera limitados encadenamientos productivos.
El caso de los centros de datos y la inteligencia artificial
Paraguay está despertando interés para inversiones vinculadas con tecnologías digitales.
La disponibilidad de energía renovable constituye una ventaja competitiva.
Sin embargo, los contratos deben ser evaluados rigurosamente.
La tarifa de venta debe cubrir los costos pertinentes del suministro, las inversiones requeridas y los riesgos asumidos.
Además, deben considerarse las obligaciones contractuales de largo plazo.
La energía paraguaya debe utilizarse para atraer capital productivo, no para otorgar ventajas económicas que no generen beneficios suficientes para el país.
VIII. EL AÑO 2027: UNA DECISIÓN HISTÓRICA PARA ITAIPÚ
El entendimiento de 2024 estableció una tarifa para el período 2024–2026.
Para 2027 se previó avanzar hacia un costo del servicio basado en criterios estrictamente operativos, excluyendo componentes discrecionales.
Este compromiso convierte a 2027 en un año decisivo.
La discusión no puede limitarse a determinar si la tarifa será más alta o más baja.
Debe abarcar el destino de los beneficios económicos de Itaipú.
Una tarifa menor puede aliviar los costos de adquisición de energía.
Pero también puede modificar los recursos disponibles para determinadas inversiones y programas.
Por eso es indispensable evaluar ambos efectos.
Nuestra propuesta
Antes de cualquier nuevo acuerdo, el Gobierno debería presentar una evaluación económica que compare diferentes escenarios tarifarios.
Cada escenario debe mostrar sus efectos sobre:
- Las finanzas de la ANDE.
- El costo de suministro eléctrico.
- Los ingresos y compromisos de Itaipú.
- La inversión en infraestructura.
- La competitividad industrial.
- Los beneficios económicos para Paraguay.
- Las obligaciones contractuales con Brasil.
Esta evaluación debe estar disponible para el Congreso Nacional, las instituciones técnicas y la ciudadanía.
Una negociación energética de alcance histórico necesita legitimidad técnica, transparencia institucional y visión de largo plazo.
IX. MOJO VISIÓN PAÍS 2026–2033: CINCO REFORMAS PARA UNA NUEVA POLÍTICA ENERGÉTICA
Nuestra propuesta no se limita a identificar problemas.
Planteamos cinco reformas concretas.
REFORMA 1. AUDITORÍA ECONÓMICA INTEGRAL 2024–2026
Realizar una evaluación independiente de las operaciones energéticas y financieras de la ANDE con Itaipú y Yacyretá.
El estudio debe determinar costos brutos, compensaciones, impactos netos y necesidades de inversión.
REFORMA 2. TABLERO CIUDADANO DE LOS RECURSOS BINACIONALES
Crear una plataforma pública que permita consultar la asignación, contratación y ejecución de los recursos destinados a programas e inversiones.
La información deberá respetar los regímenes jurídicos aplicables a las entidades binacionales.
REFORMA 3. PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
Establecer prioridades verificables de inversión en transmisión, transformación, distribución y modernización tecnológica.
Cada proyecto debe contar con cronograma, presupuesto, responsable y seguimiento público.
REFORMA 4. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE CONTRATOS ELECTROINTENSIVOS
Exigir estudios de costo-beneficio para grandes contratos de suministro eléctrico.
Estos estudios deben considerar el precio, la demanda, la infraestructura necesaria y los beneficios productivos para el país.
REFORMA 5. INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Incorporar herramientas de IA para apoyar la gestión de pérdidas, el mantenimiento predictivo, la proyección de demanda, la evaluación de inversiones y la detección de anomalías administrativas.
La transformación digital de la ANDE debe ser un componente estratégico de la modernización del Estado.
X. CONCLUSIÓN: LA ENERGÍA DEBE FINANCIAR EL FUTURO DEL PARAGUAY
El editorial de ABC Color plantea críticas severas a la política energética del presidente Santiago Peña.
Algunas de sus preocupaciones merecen especial atención.
El incremento de la tarifa de Itaipú, las compensaciones a la ANDE, la ejecución de los fondos socioambientales y los retrasos de infraestructura constituyen cuestiones económicas que deben ser examinadas.
Pero la evaluación debe distinguir entre afirmaciones, estimaciones y resultados efectivamente comprobados.
Los datos disponibles permiten identificar costos adicionales y compensaciones importantes.
No permiten, por sí solos, atribuir toda la situación financiera de la ANDE a una única decisión presidencial.
Por otra parte, tampoco sería suficiente presentar el acuerdo de Itaipú como un éxito histórico sin demostrar sus beneficios económicos netos.
La gestión pública debe evaluarse por resultados verificables, no por consignas políticas.
Paraguay necesita una política energética que combine sostenibilidad financiera, soberanía nacional, transparencia, seguridad del suministro e industrialización.
La ANDE debe contar con capacidad económica para cumplir su misión.
Itaipú y Yacyretá deben contribuir al desarrollo nacional.
Los recursos binacionales deben administrarse con trazabilidad y rendición de cuentas.
Y la energía disponible debe convertirse progresivamente en industrias, empleos, tecnología y exportaciones.
🇵🇾 EL PARAGUAY QUE QUEREMOS
Nuestra visión es construir un país que deje de considerar su energía únicamente como una fuente de ingresos inmediatos.
Queremos un Paraguay que la utilice como instrumento de transformación económica.
Un Paraguay con infraestructura moderna, instituciones eficientes y capacidad para atraer inversiones productivas.
Un Paraguay que aproveche la inteligencia artificial para mejorar la gestión pública y fortalecer los controles.
Un Paraguay que transforme sus ventajas naturales en oportunidades para las nuevas generaciones.
La riqueza energética del Paraguay no debe medirse solamente en megavatios disponibles, sino en fábricas instaladas, empleos creados, exportaciones generadas y calidad de vida alcanzada.
Ese es el verdadero significado de la soberanía energética.
Ese es el desafío de nuestra generación.
Y ese es el compromiso de MOJO Visión País 2026–2033.
EL SOFTWARE YA ESTÁ. HAY QUE PONERLE CEREBRO.
IA + TRANSPARENCIA + DESARROLLO
Cada guaraní deja huella. Los documentos a la vista.
Dr. Gerardo Meza Caballero
Doctor en Economía
Productor – Constructor de la Comunidad
EL PARAGUAY QUE QUEREMOS
MOJO Visión País 2026–2033
Referencias documentales
1. ABC Color. Editorial del 2 de noviembre de 2026: Santiago Peña «fusiló a la ANDE».
2. Itaipú Binacional. Comunicado institucional del 9 de mayo de 2024 sobre la tarifa de USD 19,28/kW-mes para 2024–2026.
3. Ministerio de Industria y Comercio. Comunicado de mayo de 2024 sobre el acuerdo energético entre Paraguay y Brasil y los beneficios económicos anunciados.
4. ABC Color. Publicación del 9 de mayo de 2026 sobre las compensaciones tarifarias de USD 241 millones correspondientes a los ejercicios 2024–2026.
5. Entendimiento entre Paraguay y Brasil de 2024 sobre las directivas relacionadas con la energía de Itaipú Binacional.
Nota metodológica: las cifras de compensaciones corresponden a montos informados públicamente y no sustituyen una conciliación contable auditada. Las simulaciones tarifarias son ilustrativas. Las opiniones y propuestas expresadas en este artículo constituyen un análisis económico independiente.