El debate sobre el salario mínimo en Paraguay se repite cada año como un ritual predecible: el Banco Central del Paraguay (BCP) publica el dato de la inflación acumulada, las centrales sindicales exigen un aumento que compense la pérdida del poder adquisitivo, el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) dictamina y el Poder Ejecutivo firma el decreto correspondiente.
Para el año 2026, la inflación interanual acumulada a mayo se ubicó en un 2,4%, lo que de acuerdo con la base del IPC general se traduce en un reajuste automático de apenas G. 69.577 sobre el sueldo base actual (elevándolo de G. 2.899.048 a G. 2.968.625) [1].
Sin embargo, detrás de la frialdad de los números macroeconómicos, la ciudadanía se enfrenta a una realidad completamente distinta cada vez que acude al supermercado o al mercado municipal. La pregunta que recorre las calles y los hogares paraguayos es legítima: Si la inflación oficial es baja, ¿por qué el dinero rinde cada vez menos?
En El Paraguay que queremos, analizamos el fondo de este problema para entender que no se trata de una simple queja, sino de un desfase técnico estructural que urge corregir.
El origen del problema: El IPC general no representa al trabajador
Afirmar que el BCP “falsifica” o “manipula” políticamente los datos es un error que desvía la atención de la verdadera falla. La metodología del BCP es técnicamente rigurosa, pero persigue un fin distinto: medir la estabilidad macroeconómica y monetaria global de todo el país, no el costo de vida de una familia que percibe ingresos mínimos.
La distorsión radica en tres factores económicos clave:
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- Una canasta demasiado amplia: El Índice de Precios al Consumidor (IPC) general promedia la variación de más de 350 productos. En esa misma bolsa ingresan los fideos, la carne de vaca y el pasaje de colectivo junto con computadoras, televisores inteligentes, automóviles y pasajes aéreos internacionales.
- El efecto compensatorio: Si en un mes el precio de los bienes tecnológicos importados disminuye a nivel global, el promedio de la inflación general desciende o se estanca. Esto oculta el impacto real de que la leche, el pan, los tomates o el combustible hayan subido un 15% o 20% en el mismo periodo.
- La proporción del gasto real: Una familia que sobrevive con un sueldo mínimo destina más del 45% de sus ingresos exclusivamente a alimentación y transporte público. Promediar su realidad con bienes que solo se adquieren de forma esporádica desvirtúa por completo el cálculo de su poder de compra.
Atar legalmente el ajuste salarial al IPC general condena al trabajador a una pérdida histórica y acumulada de su capacidad adquisitiva. El reajuste automático actual de G. 69.577 resulta insuficiente para cubrir el encarecimiento real de la canasta básica de alimentos cotidianos.
Nuestra propuesta: Sincerar la medición de la economía familiar
El Paraguay que queremos no puede seguir atrapado en parches populistas que solo sirven como promesas electorales en época de campaña. Necesitamos reformas estructurales y seriedad técnica.
Proponemos una transformación en la legislación laboral y estadística del país enfocada en tres ejes:
1. Crear el “IPC de la Canasta Básica y Servicios Esenciales”
El Poder Legislativo debe modificar la ley de reajuste salarial para que el indicador de referencia deje de ser el IPC general. Proponemos la creación de un índice específico que mida de forma exclusiva la variación de precios de los alimentos de primera necesidad, servicios públicos (ANDE, ESSAP), alquileres promedio y transporte. Si el costo de la vida básica sube, el salario mínimo debe ajustarse estrictamente en esa misma proporción.
2. Implementar políticas de competencia y control de especulación
Un reajuste salarial no sirve de nada si al día siguiente los intermediarios y comercios remarcan precios de manera preventiva. Exigimos un rol más activo y firme de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) y del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para fiscalizar las cadenas de distribución, combatir el contrabando que destruye la producción local y frenar la especulación que diluye el ingreso familiar.
3. Sostenibilidad para las Mipymes y fomento del empleo formal
Somos conscientes de que un aumento salarial desmedido o sin base técnica puede ahogar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), las cuales generan más del 70% del empleo en el país. Por lo tanto, el sinceramiento del salario mínimo debe ir acompañado de incentivos fiscales, simplificación de trámites burocráticos y programas de formalización para que el microempresario pueda cumplir con sus trabajadores sin perder competitividad ni verse obligado a recurrir a la informalidad.
Conclusión: La dignidad no es una bandera electoral
El sustento de las familias paraguayas no puede seguir siendo manejado como un botín político para captar votos en vísperas de elecciones. La dignidad del trabajador se defiende con instituciones fuertes, estadísticas transparentes que reflejen la realidad de la calle y una gestión económica libre de populismo.
Desde El Paraguay que queremos, invitamos a la ciudadanía, a los gremios técnicos, a los sectores productivos y a las autoridades a abrir un debate serio, riguroso y honesto. Reconstruir el poder adquisitivo de nuestra gente es el primer paso para consolidar el país justo y próspero que nos merecemos.
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