El Paraguay que queremos propone avanzar hacia una nueva etapa de modernización del Estado: utilizar Inteligencia Artificial no solamente para digitalizar trámites, sino para prevenir errores, detectar irregularidades, reducir burocracia y devolver al ciudadano el control sobre la gestión pública.
Paraguay ha avanzado considerablemente en la digitalización de numerosos servicios públicos. Sin embargo, digitalizar un trámite no significa necesariamente transformar la manera en que funciona el Estado.
El siguiente paso debe ser mucho más profundo:
pasar del Estado Digital al Estado Inteligente.
La Inteligencia Artificial ofrece hoy herramientas capaces de analizar grandes volúmenes de información, detectar inconsistencias, generar alertas, automatizar controles y anticipar problemas antes de que produzcan perjuicios al ciudadano o al patrimonio público.
La verdadera revolución tecnológica del Estado no consiste simplemente en reemplazar papeles por pantallas.
Consiste en cambiar la gobernanza.
LA DNIT: UN EJEMPLO CONCRETO
Una publicación reciente sobre la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) explica las herramientas que posee actualmente el contribuyente para realizar su autogestión.
Marangatu permite consultar obligaciones y estados de cuenta.
MARANDU funciona como buzón electrónico para comunicaciones y actuaciones administrativas.
El contribuyente debe mantener actualizado su RUC, controlar sus obligaciones, revisar sus notificaciones y conocer los plazos administrativos que protegen sus derechos.
Todo esto constituye un avance importante.
Pero también genera una pregunta inevitable:
¿Por qué el ciudadano debe controlar manualmente información y situaciones que los propios sistemas informáticos del Estado ya pueden detectar?
Aquí aparece la diferencia entre digitalización e inteligencia.
EL CASO DE LOS RUC SIN ACTIVIDAD
Desde El Paraguay que queremos planteamos recientemente el caso de contribuyentes cuyos RUC permanecen registrados durante años pese a no registrar actividad.
Nuestra propuesta no consiste en desconocer obligaciones tributarias ni eliminar controles legales.
Es exactamente lo contrario.
Proponemos utilizar la información que ya posee la Administración para distinguir automáticamente entre contribuyentes activos, inactivos, suspendidos, con obligaciones pendientes o en condiciones legales de iniciar un procedimiento de cierre o cancelación.
Si el sistema conoce la última declaración presentada, las operaciones registradas, las obligaciones pendientes y el historial del contribuyente, técnicamente puede detectar largos períodos de inactividad.
La pregunta entonces es:
¿por qué esperar que el ciudadano descubra el problema y comience nuevamente un trámite ante el Estado?
LA CADUCIDAD TAMBIÉN DEJA UNA ENSEÑANZA
La publicación sobre la DNIT recuerda además la existencia de garantías y plazos dentro de determinados procedimientos administrativos, incluyendo la caducidad cuando concurren las condiciones establecidas legalmente.
Debemos ser rigurosos: la caducidad de un expediente administrativo no significa automáticamente la cancelación de un RUC.
Son instituciones jurídicas diferentes.
Pero existe un principio administrativo que merece atención: los procedimientos del Estado no deberían permanecer indefinidamente paralizados sin consecuencias.
Y aquí nuevamente la tecnología puede ayudar.
Un sistema inteligente podría advertir:
“Este expediente lleva cinco meses sin actuación.”
Luego:
“Faltan 30 días para alcanzar el plazo legal aplicable.”
Y finalmente ejecutar o recomendar la actuación que corresponda conforme a la legislación.
Eso es mucho más eficiente que esperar años para descubrir expedientes abandonados dentro de una institución.
DE LA AUTOGESTIÓN A LA GESTIÓN PROACTIVA
La autogestión fue un enorme avance frente al Estado basado exclusivamente en expedientes físicos, formularios y ventanillas.
Pero la tecnología permite avanzar nuevamente.
El ciudadano no debería necesitar convertirse en especialista tributario para conocer cada movimiento administrativo que pudiera afectarlo.
El Estado posee los datos.
El Estado posee los sistemas.
Ahora debe desarrollar la capacidad para utilizarlos preventivamente.
La Inteligencia Artificial podría generar alertas automáticas sobre vencimientos, inconsistencias, expedientes paralizados, obligaciones pendientes y situaciones administrativas que requieren una decisión.
Primero advertir. Después prevenir. Finalmente actuar dentro de lo que permita la ley.
IA PARA TODO EL ESTADO
El mismo principio puede extenderse mucho más allá de la DNIT.
En el MEF, la IA puede analizar ejecución presupuestaria, evolución del gasto, deuda y desviaciones respecto de las metas fiscales.
En el IPS y las cajas previsionales, puede detectar tendencias actuariales, concentración de inversiones, morosidad, gastos extraordinarios y riesgos antes de que se conviertan en crisis.
En las compras públicas, puede comparar precios, proveedores, antecedentes, modificaciones contractuales y patrones atípicos.
En la Contraloría, puede transformar parte del control posterior en control preventivo.
En ministerios y municipalidades puede analizar ejecución presupuestaria, contratos, transferencias y cumplimiento de objetivos.
Y para la ciudadanía puede construirse algo todavía más importante:
UN TABLERO CIUDADANO DEL ESTADO
Imaginemos una plataforma pública donde cualquier ciudadano pueda conocer, respetando naturalmente los datos protegidos por ley:
Cuánto recauda el Estado.
Cuánto gasta.
Dónde gasta.
Qué institución ejecuta.
Qué obra está atrasada.
Qué programa cumple sus objetivos.
Qué indicadores están empeorando.
La Inteligencia Artificial puede convertir millones de datos dispersos en información comprensible para la ciudadanía.
Porque transparencia no significa simplemente publicar miles de documentos.
Transparencia significa que el ciudadano pueda comprender qué está haciendo el Estado con sus recursos.
LA IA NO REEMPLAZA LA LEY
Existe además un principio fundamental.
La Inteligencia Artificial no puede convertirse en juez ni sustituir las garantías constitucionales.
Debe funcionar dentro de reglas previamente establecidas.
La tecnología puede detectar.
Puede comparar.
Puede advertir.
Puede recomendar.
Puede automatizar procedimientos cuando la legislación expresamente lo permita.
Pero las decisiones que afecten derechos deben conservar mecanismos de revisión, trazabilidad y responsabilidad institucional.
La IA debe reducir la discrecionalidad; nunca crear una nueva discrecionalidad tecnológica.
UNA NUEVA GOBERNANZA PARA PARAGUAY
Paraguay no necesita solamente más computadoras, más aplicaciones o más plataformas.
Necesita que toda esa tecnología produzca resultados.
El verdadero Estado Digital será aquel donde los sistemas puedan comunicarse, los datos puedan verificarse, los riesgos puedan anticiparse y la ciudadanía pueda controlar los resultados.
Tenemos una oportunidad histórica.
No utilizar la Inteligencia Artificial simplemente para hacer más rápido el Estado que ya tenemos.
Utilizarla para construir el Estado que necesitamos:
más pequeño donde existe burocracia innecesaria;
más fuerte donde debe controlar;
más rápido donde debe servir;
más transparente donde administra dinero público;
y más inteligente donde debe tomar decisiones.
La verdadera revolución de la Inteligencia Artificial no será reemplazar al funcionario público.
Será impedir que la ineficiencia, la discrecionalidad y la falta de transparencia continúen escondidas dentro del Estado.
Ese es el desafío.
Pasar del Estado Digital al Estado Inteligente.
Y convertir la tecnología en una herramienta permanente de buena gobernanza, eficiencia, transparencia y servicio al ciudadano.
Dr. Gerardo Meza C.
Economista
El Paraguay que queremos