El proyecto de modificación de la Ley de Seguros impulsado por el Poder Ejecutivo avanza en el Senado de la Nación bajo una alarmante sombra de inconstitucionalidad. El controvertido Artículo 10, que pretende equiparar el seguro de caución con el contrato de fianza, introduce al ordenamiento jurídico paraguayo un defecto de origen insalvable al colisionar de frente contra la jurisprudencia explícita de la Corte Suprema de Justicia.
A pesar de las advertencias técnicas del sector asegurador y de la existencia de una mesa de trabajo parlamentaria, el apuro oficialista por forzar el tratamiento en plenaria —respaldado por un llamativo allanamiento de las autoridades del PE — expone al país a un bochorno internacional y a una inminente parálisis jurídica.
El vicio de origen: Desoír a la Sala Constitucional
Una ley no puede nacer sana si su piedra angular pisotea el orden constitucional. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya ha zanjado con absoluta claridad la naturaleza de estas herramientas financieras. La máxima instancia judicial dictaminó que el seguro de caución y la fianza poseen naturalezas jurídicas totalmente distintas.
- El Seguro de Caución es un contrato de seguro de daños patrimoniales. Para que se ejecute, el beneficiario (en este caso, el Estado) debe demostrar técnica y legalmente la existencia y la cuantía del daño sufrido por el incumplimiento.
- La Fianza, en cambio, funciona como un “cheque en blanco” o garantía a primer requerimiento, obligando al pago automático e inmediato de la suma estipulada, independientemente de la liquidación del daño real.
Al intentar fusionar ambas figuras mediante una ley ordinaria, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de todo el PE incurren en una flagrante violación de la seguridad jurídica. El Congreso se encamina a sancionar un texto legal sabiendo, de antemano, que viola los criterios constitucionales ya establecidos por el máximo tribunal de la República.
Angurria económica: Crónica de un monopolio anunciado
El trasfondo de este “capricho legal” excede lo estrictamente jurídico; está impulsado por una ambición corporativa ilimitada que busca capturar el negocio de las garantías estatales:
- El retiro del reaseguro global: Las grandes reaseguradoras internacionales operan bajo estrictas normas de cálculo actuarial y no asumen riesgos basados en “pagos automáticos a primer requerimiento” sin demostración de daño. De aprobarse este artículo, Paraguay quedará aislado: los gigantes del reaseguro internacional cerrarán sus líneas de crédito para el país.
- El monopolio de la banca: Sin respaldo internacional, las compañías de seguros locales no tendrán la capacidad de emitir las millonarias pólizas exigidas en las licitaciones de obras públicas. El mercado de las garantías quedará concentrado de forma exclusiva en un puñado de bancos privados capaces de emitir fianzas bancarias.
Este direccionamiento forzoso del negocio no solo encarecerá drásticamente el costo de las obras públicas para el Estado, sino que otorgará a sectores financieros muy específicos el poder discrecional de decidir —mediante la concesión o el rechazo de una fianza— qué empresas constructoras pueden trabajar en el Paraguay y cuáles quedan fuera de juego.
Atentado contra el Grado de Inversión: Menos institucionalidad, más riesgo país
El mayor contrasentido de esta maniobra radica en el daño autoinfligido a la reputación financiera de la República. Paraguay ha invertido años de disciplina macroeconómica para alcanzar el codiciado Grado de Inversión, un estatus que las calificadoras de riesgo internacionales otorgan no solo por los números fiscales, sino fundamentalmente por la fortaleza de las instituciones y la seguridad jurídica. [1]
Que todo el PE se allane a un texto que viola un fallo de la Corte Suprema es una señal pésima para los mercados globales. Las agencias calificadoras observan con lupa la previsibilidad de las reglas de juego. Al forzar una ley que desnaturaliza contratos técnicos internacionales y que nace con la certeza de ser impugnada por inconstitucional, las autoridades están erosionando la confianza internacional.
Ningún inversor serio busca colocar capital en un país donde las leyes se redactan a la medida de la angurria de grupos económicos locales, ignorando los precedentes del máximo tribunal de justicia. En lugar de consolidar el Grado de Inversión, el capricho del Artículo 10 empuja al Paraguay de vuelta a la percepción de ser un mercado de instituciones débiles, propenso al direccionamiento de negocios públicos.
Un camino directo al fracaso judicial
La Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros (APCS) ya ha anunciado que, de prosperar este texto en la plenaria del Senado, activará de inmediato las herramientas legales correspondientes presentando una Acción de Inconstitucionalidad.
Aprobar una ley con un defecto de origen tan evidente es una irresponsabilidad legislativa. Lejos de modernizar el sector financiero, el empecinamiento oficialista generará un escenario de judicialización masiva, ahuyentará la inversión internacional y creará un monopolio financiero que solo beneficia a unos pocos, en detrimento del desarrollo transparente que el país necesita.