Por Dr. Gerardo Meza C.

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El debate sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) volvió a ocupar un lugar central en la agenda nacional. La reciente propuesta del senador Gustavo Leite de recortar aproximadamente US$ 400 millones de gastos considerados superfluos para destinarlos a salud confirma que el problema no radica únicamente en la recaudación del Estado, sino principalmente en la forma en que se distribuyen los recursos públicos.

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Desde hace varios años, EL PARAGUAY QUE QUEREMOS viene sosteniendo que Paraguay necesita una reforma mucho más profunda que simples ajustes presupuestarios. El verdadero desafío consiste en transformar la estructura del PGN para impedir que la mayor parte de los ingresos tributarios continúe destinándose al funcionamiento del Estado en lugar de financiar inversiones que generen crecimiento económico y bienestar para la población.

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Cuando un país concentra casi todos sus recursos en gastos corrientes, inevitablemente reduce su capacidad para construir hospitales, escuelas, rutas, puentes, sistemas ferroviarios, viviendas, redes eléctricas y obras de infraestructura estratégica. Sin inversión pública sostenida resulta imposible impulsar un proceso de desarrollo económico de largo plazo.

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La solución no puede depender de la voluntad política de cada gobierno. Paraguay necesita una regla permanente que otorgue previsibilidad a las finanzas públicas. Por ello proponemos incorporar mediante una Enmienda Constitucional un límite claro para la distribución del Presupuesto General de la Nación.

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La propuesta consiste en establecer que el 60% del Presupuesto General de la Nación pueda destinarse a gastos corrientes, mientras que el 40% restante sea reservado para gastos de capital e inversiones públicas. Esta regla permitiría garantizar recursos permanentes para el desarrollo nacional sin comprometer el funcionamiento del Estado.

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Una mayor participación de los gastos de capital significará hospitales mejor equipados, medicamentos disponibles, escuelas modernas, universidades fortalecidas, infraestructura logística competitiva, energía confiable, transporte eficiente y mejores oportunidades para las futuras generaciones.

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La inversión pública también tiene un importante efecto multiplicador sobre la economía. Cada obra ejecutada genera empleo directo e indirecto, fortalece a las empresas nacionales, mejora la competitividad y atrae nuevas inversiones privadas. Un presupuesto orientado al desarrollo beneficia simultáneamente al Estado, al sector productivo y a toda la ciudadanía.

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No se trata únicamente de gastar menos, sino de gastar mejor. La calidad del gasto público debe convertirse en uno de los principales indicadores de gestión gubernamental. Un Estado eficiente administra con responsabilidad cada guaraní aportado por los contribuyentes y prioriza aquellas inversiones que generan mayor impacto económico y social.

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La discusión abierta actualmente representa una oportunidad histórica. Si diversos sectores políticos coinciden en la necesidad de reducir gastos innecesarios, el siguiente paso debe ser mucho más ambicioso: establecer una reforma estructural que garantice que las futuras generaciones no vuelvan a enfrentar un presupuesto excesivamente concentrado en gastos corrientes.

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El Paraguay necesita un Presupuesto General de la Nación que deje de financiar principalmente el consumo estatal y pase a convertirse en el principal motor de la inversión, la productividad, el empleo y el desarrollo. Esa es la visión que EL PARAGUAY QUE QUEREMOS viene impulsando desde hace años y que hoy cobra más vigencia que nunca.

Conclusión

La propuesta de establecer un límite constitucional de 60% para gastos corrientes y 40% para gastos de capital no constituye una medida coyuntural. Es una política de Estado orientada a garantizar que Paraguay invierta sistemáticamente en su futuro, fortalezca su infraestructura, mejore la calidad de los servicios públicos y construya una economía más competitiva y sostenible para las próximas generaciones.