Por: Redacción El Paraguay Que Queremos
La Constitución Nacional de la República del Paraguay no es ambigua. Su Artículo 105 establece de forma taxativa que ninguna persona podrá percibir más de un sueldo o remuneración simultáneamente del Estado, salvo por el ejercicio de la docencia. Sin embargo, el reciente debate abierto en torno a la presidencia del Instituto de Previsión Social (IPS) desnudó una realidad incómoda: por encima de la Ley Suprema de la Nación, el Estado paraguayo se sigue manejando bajo la “situación de hecho” de las resoluciones administrativas.
Ante esta flagrante contradicción, surge una pregunta inevitable que resuena con fuerza en la ciudadanía: ¿Por qué los asesores jurídicos del Poder Ejecutivo, los senadores y los diputados guardan un silencio sepulcral sobre este tema? ¿Acaso el texto constitucional solo es leído por la comunidad de El Paraguay Que Queremos?
Un pacto de conveniencia y protección mutua
El silencio de las altas esferas del poder no es casualidad; responde a una estructura de intereses compartidos que podemos definir como “La Corporación del Silencio”. Esta omisión deliberada se sostiene sobre tres pilares fundamentales:
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- El blindaje de los favores políticos: Cuestionar el doble sueldo de un alto cargo significaría abrir una “caja de Pandora”. Si se aplica la ley de forma estricta a un presidente de ente, se sentaría un precedente que obligaría a revisar los contratos, asesorías y dobles remuneraciones de cientos de aliados políticos y operadores distribuidos en todo el aparato estatal.
- El “comercio” de las interpretaciones jurídicas: Los asesores jurídicos del Poder Ejecutivo han perfeccionado una práctica heredada de la dictadura: gobernar a base de decretos y dictámenes a la medida. Utilizan lagunas legales artificiales para hacer que la ley sea “elástica” para los amigos, argumentando viáticos, gastos de representación u honorarios para camuflar lo que, en esencia, es un segundo salario.
- La complicidad por omisión del Congreso: La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados tienen el deber constitucional de fiscalizar al Ejecutivo. Sin embargo, cuando los intereses corporativos o partidarios están en juego, el control legislativo se apaga. Mirar a un costado es la moneda de cambio para mantener el equilibrio de gobernabilidad y el reparto de cupos.
La doble moral: Reclamos corporativos vs. el calvario ciudadano
Mientras en las oficinas públicas se debaten interpretaciones jurídicas para justificar salarios de privilegio, la realidad golpea con dureza los pasillos de las clínicas periféricas y los hospitales del IPS.
Como bien señalan los miembros de nuestra comunidad, centrar la discusión únicamente en si un caso es ético o no es mirar una minúscula parte del problema. El verdadero drama radica en el sistema:
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- La devaluación de la vocación: Mientras sectores gremiales presionan por mantener privilegios económicos o estatus social, miles de asegurados y ciudadanos deben organizar polladas, rifas o colectas solidarias para costear insumos básicos, medicamentos o derivar a sus familiares al extranjero porque los hospitales locales “no cuentan con la tecnología”.
- El corporativismo que encubre: El reclamo ciudadano no es solo por el dinero público; es por la falta de empatía y de gestión. Existe una indignación latente ante el corporativismo que muchas veces encubre la negligencia médica y ante la proliferación de denuncias sobre “títulos mau” (falsos) o ingresos por padrinazgo en las facultades de medicina.
Hacia una solución integral, no un parche
El Paraguay que queremos no se va a construir parchando el sistema con resoluciones que violan la Constitución, ni normalizando que la ley se aplique con rigurosidad al ciudadano común pero con flexibilidad al poderoso.
La solución de fondo exige seguridad jurídica real y el fin de la discrecionalidad administrativa. Ninguna resolución interna de un ente puede tener más fuerza que el Artículo 105 de la Constitución Nacional. Insistir, debatir y visibilizar estos temas no es “un disco rayado”, es la única herramienta de contraloría ciudadana para exigir que las autoridades rindan cuentas y que la salud deje de ser un negocio de estatus para convertirse en un derecho digno.
El silencio del Poder Ejecutivo y el Congreso ante el doble sueldo del Presidente del IPS desnuda un pacto de conveniencia que vulnera la Constitución Nacional. Las etiquetas asociadas a este análisis incluyen términos como Artículo 105, IPS, Doble Sueldo, Paraguay y Corrupción.
