En los capítulos anteriores abrimos los ojos ante una realidad incómoda: Paraguay posee la locomotora eléctrica más grande del mundo (Itaipú) varada en Hernandarias porque no se han terminado las vías de transmisión de 500 kV. Paralelamente, observamos cómo las multinacionales extranjeras aprovechan nuestra energía limpia para producir insumos industriales con arancel cero con destino exclusivo a Europa.
La pregunta obligatoria es: ¿Por qué existe tanto empeño en mantener al Paraguay atado al combustible fósil importado? Hoy desenmascaramos al aliado estratégico de los “Barones del Petróleo”: un sector de la Justicia y el millonario negocio de los vehículos usados obsoletos.
La Ley de los 5 años vs. La “Trampa” Judicial
Paraguay cuenta con un marco legal nacional (la Ley N° 4333/11) que restringe la importación de vehículos usados con más de 10 años de antigüedad. Los criterios detrás de esta normativa son elementales: salud pública, reducción de la contaminación ambiental y seguridad vial. De hecho, las proyecciones técnicas apuntaban a reducir progresivamente ese límite a un estándar de 5 años para lograr una renovación real de nuestro parque automotor.
Sin embargo, los grandes importadores de vehículos de descarte y sectores vinculados a la distribución de combustibles acudieron al Palacio de Justicia planteando sucesivas “Acciones de Inconstitucionalidad”.
La respuesta de la Corte Suprema de Justicia consistió en otorgar medidas cautelares que permiten, mediante chicanas judiciales extendidas en el tiempo, seguir ingresando automóviles de 15 o más años de uso. Esta situación de inconstitucionalidad “provisoria” ya acumula más de una década sin resolverse en el fondo. Mientras los expedientes duermen en los despachos, nuestras ciudades se saturan de chatarra.
El verdadero negocio de fondo
Esta permisividad judicial no responde a un beneficio social para el ciudadano de ingresos medios. Se trata de una estrategia de mercado fría y calculada por los poderes fácticos:
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- Mayor consumo de combustible: Un motor desgastado y obsoleto consume exponencialmente más nafta y gasoil de baja calidad por kilómetro recorrido.
- Demanda cautiva para los surtidores: Al inundar las calles con vehículos de combustión obsoletos, se garantiza que el país dependa mensualmente de la importación de millones de dólares en derivados del petróleo.
- Freno a la movilidad eléctrica: Mientras la ciudadanía se vea forzada a adquirir estos rodados ante la crisis del transporte público, disminuye la presión social para la implementación de trenes eléctricos o buses alimentados con la energía de nuestras binacionales.
Nos llenan de humo, nos vacían los bolsillos
Mientras los mercados internacionales descartan estos vehículos por sus elevados índices de emisión y el daño directo a la salud respiratoria, en Paraguay se utilizan fallos judiciales para convertir al territorio nacional en el depósito automotriz de otros continentes. Las consecuencias directas son el colapso vial, el incremento del gasto en salud pública e importar inflación externa cada vez que fluctúa el barril de crudo.
Por estos motivos, desde Visión País 2026-2033 insistimos en que la culminación de la línea de 500 kV Yguazú-Valenzuela para finales de este año o inicios del próximo debe ser una prioridad absoluta. Con la autopista eléctrica concluida, los argumentos que frenan la transición hacia la movilidad eléctrica masiva perderán todo sustento técnico.
El ciudadano informado posee el poder de transformar su realidad. Desde esta plataforma, no daremos marcha atrás.
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